Jurisprudencia

Sub Tema: Motivación del Acto Administrativo
Sentencia: Tribunal Constitucional N.º 00148-2012-PA/TC
Fecha: 28.03.2022
Caso: Juan Huaman Cespedes

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

Sub Tema: Causar Estado
Sentencia: Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República – Casación N.º 13482-2015- LIMA
Fecha: 03.07.2017
Caso: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat

“En ese sentido, queda claro que para admitirse a trámite una demanda en un proceso contencioso administrativo, el acto administrativo materia de impugnación tiene que haber causado estado o, en otros términos, haber agotado la vía administrativa, entendiéndose por ello, cuando se exprese la voluntad definitiva de la entidad; y, que al contener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, contra ella no proceda ningún medio impugnatorio regulado en la norma respectiva.”

“En consecuencia, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00147-Q-2014, constituye una resolución que causa estado, sujeta a acción contenciosa administrativa en los términos del artículo 148° de nuestra Constitución Política del Perú, ya que tiene el carácter de definitiva en tanto la entidad ha expresado de manera concluyente su voluntad al resolver la controversia de fondo y porque contra esta no existe recurso impugnatorio alguno en sede administrativa; en consecuencia, corresponde que el análisis de su legalidad sea materia de revisión por parte del Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.”

Sub Tema: Facultad Sancionadora
Sentencia: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República – Casación N.º 8118-2014- LIMA
Fecha: 17.05.2016
Caso: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Entrando al análisis del recurso de casación, como se ha señalado, esta Sala Suprema analizará las denuncias en conjunto por existir una alta probabilidad de afectación a los derechos fundamentales denunciados por la Municipalidad recurrente. Al respecto, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local y como tal tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme así lo reconoce el artículo 194 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, la Ley N° 27972 faculta a dichos órganos locales para fiscalizar, controlar y sancionar las infracciones que pudieran incurrir los Administrados. Específicamente el artículo 46 de la Ley N° 27972 p rescribe que: “(…) las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras”. Y el artículo 40 de la Ley N° 27972 señala: “Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa…” y siendo las Ordenanzas una de las normas municipales con rango de ley dentro del ordenamiento jurídico vigente correspondía a la empresa actora cumplir con las mismas.

Sub Tema: Deber de oficialidad de la Administración Publica
Resolución: Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República – Casación N.º 14796-2017- LIMA
Fecha: 21.11.2018
Caso: PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Los temas planteados por los administrados en sus respectivos recursos administrativos no limitan el análisis que puede desarrollar la autoridad que los conoce y resuelve, pues esta tiene, en ejercicio de su deber de oficialidad, la obligación de valorar todas aquellas cuestiones que advierta del trámite administrativo y que le permitan resolver el pedido recursivo con arreglo a ley, dado que omitirlos o desconocerlos podría conllevar a que adopte un pronunciamiento alejado de la legalidad y, por ende, no cumpla con velar por la satisfacción del interés público.