La Directiva aprobada es de alcance obligatorio a todas las entidades de la Administración Pública comprendidas en el Artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, se constituye en un instrumento para la digitalización a fin de orientar a las entidades en la conversión integral de los procedimientos administrativos a plataformas o servicios digitales, haciendo uso estratégico de las tecnologías digitales, para fortalecer la competitividad, la reactivación económica y el bienestar social del país.
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